El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira aprobó un decreto que marca como prioritaria la revisión de 67 empresas públicas del Estado. La medida abre la puerta a reorganizaciones, disoluciones y liquidaciones como parte de un plan de ajuste fiscal en el país vecino.

De esas 67 entidades, 42 son completamente estatales y 25 son mixtas con participación mayoritaria estatal. Según evaluaciones técnicas, al menos 20 de ellas están en situación crítica. El 80% de estas empresas fue creada mediante decreto durante las dos últimas décadas.

El proceso no significa cierre automático. El Gobierno boliviano deberá analizar cada caso de manera individual para decidir si reorganiza, disuelve o liquida cada empresa. Una oficina técnica elaborará un diagnóstico que será revisado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública.

Entidades estratégicas como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, empresas eléctricas y petroleras, nacieron de recuperaciones estatales o nacionalizaciones y serán evaluadas junto al resto.

El ministro de Economía, Christian Morales, ya había adelantado que el cierre de empresas deficitarias se ejecutaría en el corto plazo. Ante esto, el Gobierno creó además el programa PATRIA, que ofrece financiamiento para que los transportistas renueven sus vehículos y pasen de diésel a gas natural, en respuesta a la tensión con los sindicatos de transporte tras el aumento de combustibles.