En Tucumán crece la presión sobre la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo por dos problemas graves en la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT): cobros desproporcionados a usuarios y infraestructura deteriorada que dejó expuesto a menores a riesgos reales.

Los concejales capitalinos José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron sendas notas al gobierno provincial esta semana. La primera cuestiona el sistema de cálculo de deudas: aseguran que vecinos con dos o tres facturas impagas recibieron intimaciones por cifras que multiplican varias veces el monto original. Canelada calificó la práctica como "extorsiva" y pidió transparencia sobre cómo se gastan esos fondos.

La segunda denuncia tiene un anclaje concreto en un accidente. A fines de julio, un niño de tres años cayó en una boca de tormenta en el pasaje Miguel Cané de Villa Luján. Fue rescatado e internado. Vecinos afirmaron que llevaban cuatro años reportando fotos y notas sobre esa abertura sin tapa, pero la reparación llegó solo después del incidente.

El dilema de la SAT

La empresa reconoció haber repuesto 400 tapas en los últimos dos años y estimó un costo de $200.000 por unidad más impuestos. Su titular, Marcelo Caponio, explicó que el robo de tapas supera su capacidad de mantenimiento: afirmó que "colocan una tapa y desaparecen otras tres".

Pero en el lugar exacto del accidente existe una discrepancia que la Provincia debe resolver. La SAT atribuyó el faltante a un robo, mientras que los vecinos aseguraron que la tapa no fue sustraída, sino que se hundió dentro del pozo por el deterioro estructural. Esa misma zona reportó desbordes cloacales y pérdidas recurrentes.

Dos problemas, un destino común

Cobos responsabilizó a Jaldo por la falta de una respuesta coordinada y señaló que la cantidad de aberturas sin protección constituye un peligro para peatones, motociclistas y automovilistas.

La gestión provincial enfrenta así dos reclamos distintos que convergen en la misma empresa: cómo calcula las deudas de usuarios sin transparencia, y cómo prioriza recursos para mantener segura una red que se deteriora. Recaudar fondos para sostener el servicio es legítimo; intimar sin una liquidación comprensible o dejar aberturas peligrosas sin señalización o protección exige respuestas públicas claras.

Al cierre, Jaldo no había respondido a las notas. El gobernador podría despejar el conflicto si ordena publicar el protocolo de cobro, abre una revisión de casos controvertidos y exige a la SAT un mapa actualizado de pozos, señalización y plazos de reparación.