La Cámara de Diputados tiene 257 representantes repartidos entre 24 distritos, pero esa distribución se basa en datos de hace más de 40 años. El censo de 1980 y las reglas fijadas durante la dictadura siguen siendo la base para definir cuántos diputados representa cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sistema actual mantiene una fórmula heredada: un diputado cada 161.000 habitantes, más tres bancas adicionales por distrito y un piso mínimo de cinco. Según los cálculos técnicos, esto debería sumar 249 bancas, pero las reglas complementarias agregan ocho más.

Dos de esas adiciones vienen de 1983, cuando se aplicó una cláusula que impedía a cada distrito tener menos representantes que en marzo de 1976. Esto benefició a Buenos Aires —que conservó 25 bancas en lugar de las 21 que le correspondían— y a Santa Fe, que mantuvo 19 en lugar de 18. Las tres restantes llegaron en 1991, cuando Tierra del Fuego pasó de dos a cinco bancas tras provincializarse.

La distorsión sin justificación presente

Los analistas señalan que esas medidas respondieron a criterios que hoy carecen de sentido. El adicional uniforme de tres bancas amplifica la desproporción en provincias medianas sin razón que lo justifique, y mantener la paridad de 1976 es una reivindicación que perdió vigencia con la recuperación democrática.

Sin embargo, el piso de cinco bancas por distrito merece conservarse, sostienen, porque garantiza que incluso las provincias pequeñas puedan tener pluralismo interno en su representación. Un distrito con solo una o dos bancas haría imposible que las minorías tengan voz.

La Constitución ordena "arreglar" la representación al censo, pero la Cámara baja nunca fue diseñada para expresar igualdad de provincias, sino de ciudadanos. El piso de cinco es el único punto donde ambos principios —proporcionalidad poblacional y pacto federal— se tocan legítimamente.