Un tribunal federal de apelaciones estadounidense frenó el ambicioso plan de Donald Trump de construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. El proyecto, que tendría un costo de 400 millones de dólares, requeriría demoler el Ala Este y necesita autorización del Congreso, según el dictamen de la corte.

El tribunal ratificó la decisión de una instancia inferior con un voto de 2 a 1. Los jueces fueron claros: el presidente no es dueño de la Casa Blanca, sino un inquilino temporal de un edificio que pertenece a todos los estadounidenses y debe ser mantenido con fondos públicos.

"No tenemos registro de ningún caso en la historia donde un presidente haya demolido partes sustanciales de la Casa Blanca de forma unilateral", escribieron en el fallo. Agregaron que cada administración que viene después debería encontrar el edificio en condiciones para su uso, tal como lo heredó.

Trump anunció que llevará el caso a la Corte Suprema. En un mensaje en su red Truth Social, calificó la decisión de "horrenda, políticamente motivada e ilegal". El presidente argumentó que la paralización del salón de baile pondría en riesgo la construcción de un búnker subterráneo, aunque el mismo fallo permite que esas obras continúen.

El National Trust for Historic Preservation, una organización dedicada a la preservación del patrimonio histórico estadounidense, celebró la decisión. Su director ejecutivo destacó la importancia de proteger edificios históricos, especialmente en el año del 250 aniversario de la Declaración de Independencia.