El Gobierno español volvió a aprobar este martes dos decretos de emergencia sobre vivienda que el Congreso había rechazado hace apenas cuatro días. La decisión ocurre un día después de que Pedro Sánchez convocara a elecciones generales para el 29 de noviembre.
Los dos textos mantienen el contenido central de las medidas rechazadas el viernes, aunque incluyen ajustes menores. Ahora deberán ser evaluados por la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que funciona tras la disolución de las Cortes.
"La esencia de ambos decretos se mantiene", explicó Sánchez en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. El mandatario argumentó que las circunstancias que justificaron estas normas "no han cambiado" y las defendió como "ambiciosas, razonables y necesarias".
Entre las principales medidas figuran:
Protección de inquilinos: Ampliación hasta 2030 de la defensa contra desahucios de personas vulnerables, límites a aumentos de alquileres, regulación de contratos temporarios y frenos a compras especulativas de viviendas por grandes fondos.
Incentivos: Desgravaciones fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, IVA del 10 por ciento en pisos turísticos, reducción al 4 por ciento para vivienda protegida, y un programa de préstamos de hasta 50.000 euros a tasa cero para primera vivienda, con una inversión prevista de 10.000 millones de euros.
Renovación automática: Prórroga de dos años para contratos que vencen antes de 2028 y renovación automática para alquileres de vivienda habitual, aunque esto último dependerá de la aprobación de la Diputación Permanente.
La derrota anterior fue contundente: 178 votos en contra contra 172 a favor. El Partido Popular, Vox, Junts y la Unión del Pueblo Navarro se opusieron. Este revés parlamentario precipitó la decisión de Sánchez de disolver las Cortes y adelantar los comicios casi ocho meses.
Con la composición distinta de la Diputación Permanente, las perspectivas cambian: el voto de Junts ya no es indispensable para conseguir mayoría en al menos uno de los decretos. Sin embargo, la renovación automática de contratos enfrenta oposición del Partido Nacionalista Vasco, lo que mantiene incertidumbre sobre su aprobación.
La vivienda se ha convertido en uno de los ejes centrales de la campaña electoral española, alimentada por semanas de protestas contra el incremento de precios.
