El Parlamento libanés aprobó en las últimas horas dos decisiones históricas: la abolición de la pena de muerte y una ley de amnistía general, la primera en más de tres décadas desde el término de la guerra civil (1975-1990). Con estas medidas, el Líbano se convierte en el primer país árabe en eliminar las ejecuciones.

La amnistía fue votada en la Cámara de Representantes mediante votación a mano alzada e incluye reducciones excepcionales en las penas. Sin embargo, la votación reflejó las tensiones políticas internas: diputados de la Corriente Patriótica Libre y de Hezbolá boicotearon la sesión, dejando en evidencia las divisiones que persisten en el país.

Según los números presentados durante el debate, cerca de 80 de los aproximadamente 150 islamistas recluidos en cárceles libanesas podrían ser liberados. La medida también establece la liberación de personas que llevan al menos 14 años en prisión sin sentencia firme, un tema crítico: según datos de Human Rights Watch, cuatro de cada cinco presos en el Líbano aún esperan que un juez dicte sentencia en sus casos.

El sistema carcelario libanés tiene 8.576 detenidos aproximadamente, de los cuales 5.756 se encuentran en prisión preventiva. La amnistía busca reducir esta cifra al liberar a quienes han permanecido detenidos sin condena definitiva.

Las decisiones tuvieron recepción mixta en la clase política. Mientras figuras cristianas y el ejército libanés se opusieron a incluir en la amnistía a militantes condenados por crímenes contra soldados libaneses —en particular al jeque islamista Ahmad al-Assir—, figuras sunitas y las nuevas autoridades sirias reclamaban la liberación de decenas de militantes islamistas acusados de terrorismo.

En cuanto a la pena de muerte, el Líbano mantiene una moratoria de facto desde 2004, sin llevar a cabo ejecuciones en más de 20 años. Los delitos cometidos antes de esta ley serán castigados con cadena perpetua, y los posteriores, con cadena perpetua agravada.

La Unión Europea expresó su aprobación a través de su jefa de diplomacia, quien calificó la decisión como histórica y un paso importante para los derechos humanos en la región.