Un operativo policial de más de siete horas terminó con el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que habitaba desde hace siete décadas en un departamento de Madrid. Activistas acamparon durante la noche previa en la calle para intentar frenar la medida, según reportes internacionales.
La policía nacional empleó gas pimienta para dispersar a los manifestantes y expulsó a la prensa del lugar. Maricarmen fue trasladada en camilla al hospital Gregorio Marañón para un chequeo médico después de ser retirada de su vivienda alrededor del mediodía.
El conflicto de alquiler
El litigio que terminó en desalojo comenzó en 2018, cuando el edificio cambió de manos. La nueva propietaria, la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, exigía un alquiler mensual de 1.650 euros. El problema: Maricarmen percibía una pensión de apenas 1.450 euros mensuales, lo que la dejaba con un déficit imposible de cubrir.
Su abogada, Beatriz Duro, señaló que la propietaria rechazó todas las propuestas para negociar o aplazar el desalojo, ni siquiera permitiendo una prórroga de quince días para que la anciana recogiera sus pertenencias.
Las alternativas ofrecidas
Las autoridades madrileñas sostienen que ofrecieron a Maricarmen una plaza en una residencia pública de personas mayores y presentaron otras opciones habitacionales, las cuales fueron rechazadas según versión del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
