El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, puso en marcha este martes un decreto para desmantelar la comercialización de teléfonos móviles robados, una actividad que prosperaba especialmente en zonas específicas de la capital.

La medida incluye la declaración de emergencia por 90 días y crea un sistema de trazabilidad que obliga a los comercios a probar el origen legítimo de cada dispositivo o componente que vendan o reparen. Macri fue directo en sus términos: "El que compra un teléfono robado para desarmarlo no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa".

Entre las acciones concretas, figuran la prohibición de nuevas habilitaciones en cuatro zonas críticas: Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo. En esas áreas también queda suspendida la ampliación de locales dedicados a este rubro.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad coordinará operativos de fiscalización. Los comercios que no acrediten la procedencia de los equipos serán clausurados. Durante la vigencia de la emergencia, no se expedirán permisos nuevos en las zonas de intervención.