El Gobierno de Brasil anunció refuerzos en sus medidas de control frente a posibles alzas injustificadas en los precios de nafta y diésel, en un contexto de volatilidad en los mercados internacionales de petróleo agravada por tensiones geopolíticas.

Según el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, las autoridades no buscan fijar precios sino frenar lo que califican como aumentos abusivos. Para ello, intensificaron las inspecciones en estaciones de servicio y distribuidoras en todo el país.

Entre septiembre y finales de mes, la "Operación Carga Pesada" —programa destinado a fiscalizar la cadena de combustibles— realizó 241 acciones de control. En paralelo, la Secretaría Nacional del Consumidor abrió 70 procedimientos contra empresas por conductas irregulares, mientras que la Agencia Nacional del Petróleo aplicó multas por más de 700 millones de reales, equivalentes a unos 134 millones de dólares.

El Gobierno mantiene además una subvención de 2,12 reales por litro de diésel para amortiguar el impacto de la volatilidad internacional, especialmente en el transporte de alimentos, uno de los sectores más sensibles a aumentos de costos.

Las autoridades brasileñas también aseguraron que el abastecimiento de diésel para octubre está garantizado, con el objetivo de despejar dudas sobre disponibilidad de combustible.