El Gobierno venezolano comunicó este viernes su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. El canciller Félix Plasencia informó que Venezuela denunciará el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, iniciando así su retiro definitivo.

Según Plasencia, la decisión responde a críticas sobre el funcionamiento de la CPI. Venezuela argumenta que la Corte concentra su trabajo de manera desproporcionada en países del Sur Global —naciones latinoamericanas y africanas— reproduciendo patrones de desigualdad en la justicia internacional.

El canciller sostuvo que el tribunal actúa con un sesgo geográfico que afecta principalmente a países en desarrollo, y describió su accionar como una justicia internacional instrumentalizada que profundiza las desigualdades entre pueblos.

La notificación fue dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma, que permite a los Estados retirarse del tratado con previo aviso.

Caracas reiteró su compromiso con una justicia que respete la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.