El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra autoridades de la Corte Penal Internacional como parte de su campaña para debilitar la institución. Los afectados son Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y Abdoulaye Seye, magistrado que actualmente reemplaza al fiscal.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó las medidas argumentando que ambos funcionarios se involucraron directamente en investigaciones que la administración Trump considera una violación de la soberanía de países aliados, particularmente Israel. Las sanciones incluyen prohibición de viajar a Estados Unidos y congelamiento de activos.

La acción representa la continuación de una estrategia anunciada en julio pasado. Rubio fue contundente en su comunicado: "La Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad".

Washington ya había impuesto sanciones similares a otros jueces y fiscales de la CPI, principalmente por sus investigaciones sobre asentamientos israelíes en Cisjordania y suministro de armas a colonos, temas especialmente sensibles para la administración estadounidense. Es importante recordar que Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, por lo que no reconoce su jurisdicción.

La Corte Penal Internacional rechazó las presiones en un comunicado donde advirtió que las sanciones "socavan el Estado de derecho". El tribunal con sede en La Haya reafirmó su compromiso de continuar desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" conforme a su mandato internacional.