Más de 2.500 hogares aguardan en los registros del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa sin poder acceder a una vivienda. La demanda acumulada llevó a que familias se manifestaran el 2 de septiembre frente a la sede central del organismo en Santa Rosa.

El grupo de manifestantes estuvo integrado mayoritariamente por mujeres inscriptas desde hace años, quienes denunciaron situaciones de alquileres impagables, enfermedades crónicas, discapacidades y menores a cargo. Una de las participantes relató llevar más de veinte años en el registro mientras su marido requiere oxígeno permanente y uno de sus hijos tiene discapacidad.

Las manifestantes ingresaron al edificio para dialogar con las autoridades mientras otras permanecían en la vereda. El reclamo central fue que casos de extrema urgencia social y sanitaria fueran evaluados de forma particular con intervención de trabajadores sociales, en lugar de mantenerse dentro de un sorteo público único.

La presidenta del IPAV, Érica Riboyra, confirmó que existen más de 2.500 familias habilitadas para participar de sorteos en Santa Rosa. Defendió el mecanismo de selección aleatoria como garantía de equidad y rechazó que la adjudicación dependa de quien reclama con mayor visibilidad.

Riboyra atribuyó gran parte de la crisis a la paralización de programas y obras de financiamiento nacional dispuesta por la administración de Javier Milei. Señaló que La Pampa continúa construyendo con recursos provinciales propios, aunque dentro de restricciones presupuestarias severas.

En marzo de 2025, el gobierno pampeano destinó $28.000 millones para un programa de financiamiento de viviendas dirigido a 700 familias que ya disponían de lote propio. Ese programa no alcanzaba a quienes dependen de una unidad social adjudicada directamente por el IPAV, ampliando así la brecha entre demanda y soluciones disponibles.