El gobierno de La Rioja desató una nueva tensión con los docentes luego de aplicar descuentos de entre $300.000 y $400.000 en los sueldos de maestros y profesores que se sumaron al paro del 1 de septiembre.

Los comprobantes de agosto circularon la madrugada del 2 de septiembre y muestran la quita del Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE). La Asociación de Maestros y Profesores denunció que fueron afectados más de treinta docentes, aunque en la presentación inicial incluyeron entre 20 y 30 casos en cartas documento al Ministerio de Educación.

El IPE representa alrededor de $160.000 por cargo. Para quienes acumulan dos puestos, la pérdida del adicional alcanza los montos denunciados. Considerando que el salario básico docente es de $348.581, el descuento absorbe una porción significativa del ingreso mensual.

El conflicto no es nuevo. El gobierno provincial diseñó el IPE como incentivo vinculado a la asistencia frente al aula, con límites de inasistencias para mantener el pago. El gremio lo denuncia como presentismo encubierto porque la pérdida total del adicional puede activarse al superar dos faltas, incluso por enfermedad o duelo.

La Provincia confirmó a fines de 2025 la continuidad del incentivo durante 2026 presentándolo como refuerzo salarial ante la reducción de fondos nacionales. Ahora ese mismo esquema actúa como castigo: una suma anunciada como protección se convierte en descuento abrupto cuando el trabajador queda fuera de los requisitos de asistencia.

El secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi, señaló que el temor a perder el IPE redujo la adhesión al último paro respecto del anterior. Por eso el sindicato decidió judicializar los descuentos.