Un caso que comenzó con preguntas sobre el origen del dinero para comprar una mansión valuada en USD 20 millones en un barrio privado de Pilar se transformó en una batalla entre fiscales e investigadores sobre dónde debe juzgarse.

El fiscal general Mario Villar presentará este lunes un recurso extraordinario para llevar la causa ante la Corte Suprema. Su argumento es que una decisión reciente —trasladar todo el expediente a la Justicia Federal de Campana— es "arbitraria" y perjudica la investigación sobre posible lavado de activos.

La disputa de fondo es sobre dónde radicó realmente el delito. El fiscal sostiene que el circuito de dinero sospechoso se movió por financieras porteñas, estudios jurídicos en la Ciudad y operaciones que involucran a sociedades comerciales. Por eso, considera que el caso debe permanecer en juzgados federales de Buenos Aires.

Las defensas, en cambio, ganaron con el argumento contrario: que la competencia debe determinarse por la ubicación de la propiedad investigada —la mansión en Pilar—, lo que llevó a que la causa pase al juez Adrián González Charvay, en Campana.

Lo que hace más complejo el caso es que, aunque no hay imputaciones directas, la investigación explora movimientos financieros que podrían tener conexión con operaciones vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino. Los presuntos testaferros son Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la sociedad que compró la propiedad.

Villar también cuestionará una contradicción en las decisiones judiciales: en mayo, la Cámara de Casación había advertido que abrir una contienda de competencia atentaba contra la celeridad del proceso. Ahora cambió de criterio y ordenó el traslado. Para el fiscal, eso demuestra que algo no está funcionando bien.