El gobierno de Ricardo Quintela admitió públicamente que La Rioja enfrenta restricciones para afrontar el pago de una deuda que vence el 24 de agosto. Se trata del servicio de intereses y amortización de títulos emitidos hace casi una década.

La notificación fue formalizada el martes 18 de agosto por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la provincia, dirigida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El comunicado reconoció la limitación financiera sin especificar el monto en cuestión ni qué alternativas estudia la administración provincial para cumplir con la obligación.

Estos bonos tienen origen en una emisión internacional de US$300 millones realizada en 2017. Tras una reestructuración en 2021, la provincia logró que el 98,61 por ciento de los acreedores aceptara extender el vencimiento hasta 2028 y modificar las tasas de interés. Sin embargo, en febrero de 2024 la provincia ya había incumplido el pago de una cuota de capital de los mismos títulos.

El gobernador mantiene conflictos políticos con el gobierno nacional sobre el giro de fondos, pero el documento oficial no atribuyó la dificultad de pago a ninguna causa específica. Tampoco propuso modificaciones a las condiciones vigentes ni informó sobre recursos que se afectarían para cumplir la obligación.

Lo concreto es que la Provincia comunicó que su capacidad de pago estaba restringida antes del vencimiento. Se trata de una admisión firmada por el área responsable de las finanzas provinciales, no de una crítica política ni de una estimación privada.