El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas sigue enquistado en la administración nacional, con el oficialismo dividido internamente y sin una estrategia clara para resolverlo.

A fines de febrero, el ala política de La Libertad Avanza había preparado un proyecto de ley que mejoraba los salarios docentes e incluía un punto clave: obligaba a las universidades a retirar sus demandas judiciales a cambio de aplicar la normativa. Sin embargo, legisladores del mismo espacio decidieron no impulsarlo, apostando a que los tribunales fallarían a favor del Ejecutivo. Esa apuesta fracasó.

Ahora, sin resolución a corto plazo, el Gobierno solo ofrece como alternativa apelar los fallos judiciales adversos. Tras las masivas movilizaciones estudiantiles y la represión policial, desde la Casa Rosada intentan justificar su posición.

El argumento oficial

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, defiende la decisión con una explicación jurídica: sostiene que cualquier ley que asigne recursos fuera del presupuesto debe identificar de dónde salen esos fondos. La ley de financiamiento universitario, según su lectura, no lo hizo, por eso debió promulgarse pero suspenderse su aplicación.

"Votaron una ley violando la ley de administración financiera", afirmó Álvarez, responsabilizando a los legisladores que respaldaron el proyecto.

El funcionario defendió la rigidez presupuestaria del Ejecutivo, pero dejó abierta una puerta: "Si el Congreso aprueba otro presupuesto, ejecutaremos ese otro", señaló, insinuando que una modificación legislativa podría cambiar el rumbo.

Presión desde las provincias

Mientras la interna oficialista se agrava, gobiernadores —especialmente radicales— advirtieron en privado a las autoridades nacionales sobre las consecuencias electorales si las movilizaciones continúan con la envergadura actual en sus territorios. El conflicto comienza a impactar en la política provincial.