La Cámara de Diputados no pudo avanzar esta semana en la reforma a la ley de biocombustibles por las tensiones que genera entre los bloques aliados. El proyecto, ya aprobado por el Senado, quedó estancado en el plenario de comisiones de Energía, Presupuesto y Agricultura.

El nudo del conflicto está en cómo afectará la nueva norma a las pequeñas y medianas empresas de biodiesel. La iniciativa plantea reducir de forma progresiva la participación de las pymes en el mercado: pasarían de ocupar el 7,5% actual a un piso mínimo del 4% recién a partir de 2031, porcentaje que se mantendría hasta 2036.

Diputados radicales y del PRO rechazan este ajuste. Eduardo Falcone y Karina Banfi, legisladores de Fuerzas del Cambio por Buenos Aires, pidieron armar una mesa de negociación con todos los sectores para "no afectar las fuentes de trabajo de las pymes con desarrollo estratégico". La peronista Victoria Tolosa Paz fue más directo: solicitó cambios para evitar que "cierren empresas".

El Gobierno, en tanto, sostiene que la ley actual es "impracticable" y frena la inversión. El subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller, argumentó que la norma vigente genera "discrecionalidad" y evita que la capacidad productiva se use eficientemente. Sin embargo, advirtió que "no hay espacio para nuevos cambios", aunque desde el oficialismo reconocen que habrá negociaciones para introducir modificaciones en el capítulo de biodiesel.

El Senado ya incluyó cambios en el proyecto original: aumentó los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, con aplicación en un año. Esa decisión beneficia a provincias productoras de caña de azúcar como Jujuy y Tucumán, cuyos diputados rechazaron la demora.

Si el Gobierno decide introducir nuevas reformas, el proyecto deberá volver en segunda revisión al Senado antes de llegar nuevamente a Diputados.