Un juez de La Pampa ordenó la clausura inmediata del Pabellón 5 de la Alcaidía de General Pico tras encontrar condiciones de extremo hacinamiento: 76 detenidos alojados en apenas 39 camas, lo que dejó a 37 personas sin colchón individual, durmiendo en el piso o con colchones rotos.

La medida llegó tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública. El juez de Ejecución Penal Jorge Mauricio Pascual comprobó que el pabellón —diseñado originalmente como sector de aislamiento— funcionaba como dormitorio colectivo con celdas de hasta nueve internos.

El relevamiento del 4 de septiembre registró además celdas sin inodoros, desbordes cloacales, ratas, insectos, filtraciones y cortes de agua potable durante las noches. Los detenidos quedaban encerrados entre 22 y 23 horas diarias y, ante la falta de sanitarios, algunos debían usar baldes o agujeros conectados a la cloaca.

Entre los 76 alojados había 47 condenados y 29 procesados con prisión preventiva, mezclados sin separación. Tampoco había acceso suficiente a jabón, papel higiénico ni posibilidad de lavar ropa.

El juez intimó al Ministerio de Seguridad y Justicia provincial a entregar camas, colchones y sábanas, reparar redes sanitarias, desinfectar el edificio y restablecer el suministro constante de agua. También dispuso la reubicación de todos los detenidos que ocupaban el pabellón clausurado.

El fallo señala que la provincia había licitado en 2024 la ampliación y refacción de la Alcaidía con plazo de 180 días, pero ese período estaba vencido cuando se resolvió el hábeas corpus sin que las obras estuvieran concluidas.

La decisión se fundó en la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo que la privación de libertad no autoriza al Estado a someter a las personas a condiciones degradantes.