Hace un año que fue detenido Ariel García Furfaro, empresario dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., junto con su familia y miembros de la cúpula directiva. El caso que lo llevó a la cárcel tiene alcances profundos: la distribución de fentanilo adulterado causó casi cien muertes en hospitales de todo el país.
El 20 de agosto de 2025, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó las capturas tras investigaciones que confirmaron lo peor. Los lotes 31.202 y 31.244 del opioide estaban contaminados con bacterias multirresistentes: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
Lo más grave: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Sanitaria (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) ya habían detectado fallas críticas en inspecciones anteriores. Ninguna fue seguida. Los laboratorios continuaron funcionando.
La contaminación ocurrió el 18 de diciembre de 2024. Un mes después, el fentanilo adulterado llegó a centros de salud nacionales. No fue hasta mayo de 2025 que el Hospital Italiano de La Plata denunció lo que pasaba: pacientes graves habían fallecido tras recibir ampollas de esos lotes.
En la causa se investigan al menos 90 muertes y 41 personas que sobrevivieron. Familias sin respuestas aguardan mientras García Furfaro pasa sus días en un pabellón especial de la cárcel de Marcos Paz. Según reportes, mantiene contacto regular con su hermano Damián y su contador para monitorear negocios: una fábrica de cables, desarrollos inmobiliarios y la construcción de una planta de productos biológicos en Paraguay.
Fiscales federales calificaron el caso como criminalidad compleja que involucra un conglomerado empresarial organizado. Una de las peores crisis sanitarias que vivió la Argentina sigue sin cerrar heridas.
