La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que estableció el ministro Luis Caputo permite que el Estado Nacional capture dinero de este fondo sin límite porcentual, mientras que las provincias y municipios sí tienen restricciones. El mecanismo comenzará a operar en noviembre y generará aproximadamente 4.000 millones de dólares en nuevo ahorro forzoso a partir de 2027.

Los especialistas que analizaron la norma señalan una asimetría preocupante: mientras que las inversiones en deuda provincial, municipal o de empresas privadas deben tener calificación AAA de al menos dos agencias, la deuda nacional no está sujeta a ese requisito. Tampoco hay tope porcentual para los títulos del Estado.

El control de fondos del sector privado

Sebastián Domínguez, agente productor de la Comisión Nacional de Valores, defendió la reglamentación como un avance en claridad normativa. Destacó que fija reglas explícitas sobre dónde y cómo se pueden colocar los aportes de los empleadores, estableciendo pisos de liquidez mínima y prohibiendo que las entidades administradoras inviertan en sí mismas.

Sin embargo, Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, cuestionó directamente el tratamiento favorable otorgado al financiamiento estatal. Señaló que el esquema regulatorio discrimina entre acreedores: el Estado Nacional tiene acceso sin restricción porcentual mientras que provincias, bancos y empresas privadas están limitadas.

Una puerta abierta en año electoral

El ministro Caputo ha insistido en la necesidad de ampliar el mercado de capitales argentino y reducir la dependencia de financiamiento externo. La nueva masa de dinero que generará el FAL en 2027 —año electoral— resulta estratégica para el financiamiento estatal en un contexto que describe como complejo para conseguir recursos.