La Unión Europea endureció las reglas para los productos etiquetados como ecológicos. Un fallo del Tribunal de Justicia de octubre pasado obligó a revisar toda la certificación: ahora, cualquier importador que quiera usar el sello verde europeo debe cumplir exactamente con los mismos estándares que exigen internamente.

El cambio apunta a evitar que productos de terceros países, que antes entraban con certificaciones viejas o acuerdos comerciales flexibles, sigan usando la marca que los europeos más reconocen y valoran. En el fondo, es proteger el mercado local frente a competencia que no cumplía los mismos requisitos.

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo también metió mano en otro problema concreto: los pequeños productores rurales estaban perdiendo beneficios por culpa de la inflación. Cuando los precios subieron en los últimos dos años, muchos granjeros familiares superaron los límites de facturación sin haber crecido realmente. Ahora elevaron esos topes, dando respiro fiscal a miles de operadores locales que sostienen trabajo en zonas rurales.

Otras medidas incluyen cambios en las condiciones de crianza de animales. Revisaron normas sobre gallineros y acceso al aire libre para las aves, buscando mantener altos estándares de bienestar sin aplastar con costos de infraestructura a los criadores pequeños.

El objetivo es claro: fortalecer la cadena ecológica europea en tiempos de volatilidad geopolítica e inflación, blindando la confianza del consumidor y haciendo viable la producción de proximidad.