El gobierno español aprobó este martes nuevas regulaciones en materia de asilo y extranjería, una respuesta directa a la crisis de Ceuta de finales de julio, cuando entre 70.000 y 80.000 personas entraron de manera masiva a esa ciudad autónoma.

Los cambios buscan crear un sistema más ágil para procesar solicitudes. El número de pedidos de protección internacional creció exponencialmente: pasó de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024. La nueva ley intenta responder a esa presión sin sacrificar garantías para los migrantes.

Entre los cambios principales figura el triaje fronterizo de 72 horas, un procedimiento para recolectar información de quienes ingresan sin pasar controles. El plazo puede extenderse por decisión judicial. También se crean dos vías de evaluación: una ordinaria y otra acelerada que debe resolverse en tres meses.

La reforma actualiza definiciones sobre protección internacional e incorpora nuevas formas de persecución, como aquellas vinculadas a género, identidad de género y discapacidad.

Para quienes no califiquen para asilo, la ley establece un procedimiento de retorno en doce semanas. Si se rechaza una solicitud, la persona recibirá simultáneamente la denegación de entrada y la obligación de abandonar el país.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, indicó que las reformas se alinean con el Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024 y mantienen un enfoque de respeto a derechos humanos junto con control fronterizo.