El Congreso de España rechazó este viernes dos decretos impulsados por el Gobierno para enfrentar la grave crisis de vivienda que atraviesa el país. La votación dejó en evidencia las profundas divisiones políticas: la oposición del Partido Popular, Vox y Junts resultó decisiva para frenar las medidas.

La primera iniciativa, que incluía limitaciones a los alquileres de temporada, incentivos para propietarios que redujeran rentas y protección contra desalojos de personas sin alternativa habitacional, fue rechazada por 178 votos contra 172. Afuera del Congreso, miles de ciudadanos que demandaban aprobación protestaron: "¡Vergüenza!", gritaban mientras pedían una huelga general.

Minutos después cayó la segunda medida, que permitiría la renovación automática de contratos de alquiler. 166 votos a favor no fueron suficientes frente a 184 en contra. Esta norma había permanecido vigente apenas 16 horas tras su publicación oficial.

Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, apuntó contra quienes se opusieron, acusándolos de anteponer los intereses de los grandes dueños de propiedades por sobre las necesidades del pueblo. Denunció una campaña de presión de lobbies inmobiliarios para bloquear las medidas. El presidente Pedro Sánchez también intervino para defender los decretos.

Desde el lado opositor, el Partido Popular argumentó que las regulaciones proponían enfrentar artificialmente a inquilinos contra propietarios, sin reconocer la interdependencia del mercado inmobiliario.

Amnistía Internacional y Oxfam Intermón expresaron preocupación: consideran que el rechazo de ambas normas representa un golpe severo para el derecho a la vivienda y deja a millones de españoles en condiciones más vulnerables. La decisión aviva el debate sobre la estabilidad del Gobierno: crecen las voces que piden adelantar las elecciones generales.