El presidente colombiano Abelardo de la Espriella firmó un decreto de emergencia económica tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10 de agosto. La medida busca enfrentar la reconstrucción de viviendas, comercios e infraestructura pública afectada en la región.

De la Espriella justificó la decisión señalando que Colombia atraviesa una realidad fiscal extraordinariamente difícil. Bajo condiciones económicas normales, los instrumentos presupuestarios ordinarios del Estado podrían haber cubierto los gastos inmediatos de la tragedia, pero la situación del país requiere medidas excepcionales.

Según la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia, el sismo dejó al menos 319 muertos y 4.469 heridos. Todavía permanecían 260 personas desaparecidas bajo los escombros al momento del reporte.

El impacto territorial es devastador: 151.433 familias fueron afectadas, junto con 272.830 personas y 1.731 animales en los territorios impactados. Los daños materiales incluyen 302 edificios colapsados, 151.995 viviendas averiadas y 30.803 completamente destruidas.

El epicentro del terremoto se registró en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste colombiano.