La distancia entre lo que los bancos pagan por guardar dinero y lo que cobran por prestarlo alcanzó niveles sin precedentes en Argentina. Un ahorrista recibe en promedio 20% anual por dejar fondos a plazo fijo treinta días, pero la misma entidad puede cobrar hasta 130% anual por un crédito personal. Cuando se suman impuestos y costos operativos, la factura final —conocida como Costo Financiero Total (CFT)— trepa a 200% anual.

El economista Jorge Barreto señala que la brecha entre lo que cobran por prestar y lo que pagan por depositar asciende a 45,7 puntos porcentuales, más del doble del promedio histórico de 22,6 puntos. Este spread de intermediación refleja una persistencia nunca vista en el sistema financiero.

Varios factores explican esta divergencia. El gobierno de Javier Milei eliminó los límites a las tasas de interés, permitiendo a bancos y financieras cobrar según el riesgo de cada cliente. Paralelamente, la morosidad alcanzó máximos históricos, lo que obligó a los bancos a incrementar coberturas ante incumplimientos. Para compensar pérdidas, trasladan ese costo a toda la cartera de clientes.

La escasez de liquidez también presiona hacia arriba. Los bancos enfrentan dificultades para conseguir fondeo y, con menos gente dispuesta a tomar créditos, elevan el costo de prestar. Según Barreto, "el costo de fondeo se ajustó con mayor rapidez que las tasas aplicadas al crédito minorista", manteniendo una rigidez importante en este segmento.

Sumado a esto, la carga impositiva sobre la actividad bancaria —Ingresos Brutos, sellos, tributos sobre créditos y débitos— encarece sustancialmente la tasa final que paga el usuario.

En las fintech la presión es aún mayor. Sin respaldo del Banco Central, buscan cobrarse tasas más altas para cubrirse. La morosidad en este sector saltó del 7,3% en octubre de 2024 al 29,6% en mayo, rompiendo incluso récords de la pandemia.