Bolivia entró en una nueva fase de tensión política y social tras la decisión del presidente Rodrigo Paz Pereira de terminar con las subvenciones estatales al diésel. El decreto, emitido el 19 de septiembre, ya genera alzas en los precios del transporte y productos básicos.

La medida busca aliviar la presión fiscal del Estado y mejorar el abastecimiento después de meses de escasez. Según el gobierno, el diésel se vendía por debajo del costo de importación, lo que hacía insostenible mantener el subsidio.

Pero el impacto es inmediato: transportistas, sindicatos y organizaciones sociales ya anunciaron movilizaciones. La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó la medida y convocó a una asamblea de emergencia para definir acciones de lucha. Los dirigentes advierten que el aumento del diésel disparará la inflación y golpeará a las familias más vulnerables.

Los conductores se reunirán mañana en Santa Cruz para decidir qué medidas de presión aplicar. "Estamos declarados en emergencia", afirmó Lucio Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Choferes, anticipando que el transporte tomará decisiones claras en los próximos días.

El alcance de la crisis va más allá de los pasajes: el encarecimiento del combustible se filtrará en los costos de alimentos y mercancías. La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por los impactos en derechos básicos como alimentación, trabajo y educación. El diésel mueve gran parte de la economía boliviana, desde la producción agrícola hasta la distribución de bienes.

Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, vinculadas al expresidente Evo Morales, también se declararon en emergencia y anunciaron nuevas estrategias de movilización, ampliando el frente de rechazo al gobierno.