Las grandes cámaras empresarias del sector aceitero alinearon su posición a favor del proyecto de reforma de biocombustibles que impulsa la senadora Patricia Bullrich. CIARA y CEC respaldaron la iniciativa que busca elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% actual al 10%, con miras a llegar al 12,5%.
La propuesta también contempla avanzar hacia un mercado más abierto a partir de 2030. Pero el proyecto genera tensión con las pymes regionales: la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) advierte que el esquema concentrará el negocio en manos de las grandes aceiteras y amenaza con desaparecer a empresas más pequeñas.
Actualmente hay 25 plantas pymes dedicadas al biodiésel, radicadas principalmente en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Según CEPREB, generan unos 9.500 empleos directos e indirectos y una facturación anual cercana a los 1.000 millones de dólares.
Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO (cámara de productores de biodiésel), sostuvo que los precios actuales del biodiésel son competitivos frente al gasoil importado. Explicó que aumentar el corte al 12,5% permitiría mejorar los precios de exportación del aceite de soja, sin impacto fiscal negativo.
La industria aceitera afirma que viene invirtiendo fuertemente desde hace décadas y genera más de 30.000 empleos. Aunque rechazó haber cerrado acuerdos formales con otros sectores, dejó abierta la puerta al diálogo permanente en el Senado.
