La justicia española confirmó que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, será juzgada por dos delitos: tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Un tribunal madrileño desestimó los recursos que presentó su defensa y ratificó la decisión de enviarla a juicio ante un tribunal de jurados.

El caso se centra en una cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, donde se investiga el posible uso de contactos políticos y recursos públicos para promover intereses privados. Sin embargo, la justicia la exoneró de un tercer cargo —corrupción en los negocios— al considerar que no hay pruebas suficientes de que haya recibido dinero a cambio de gestiones.

Como parte de la resolución, le levantaron las restricciones que le impedían salir del país y la obligaban a presentarse ante autoridades cada dos meses. La fecha del juicio aún no ha sido fijada.

El escándalo se suma a otros casos de corrupción que rodean al gobierno Sánchez. Su hermano David fue condenado esta semana a nueve años sin poder ejercer cargos públicos por haber recibido un trato de favor en su contratación laboral. Además, dos exministros —Santos Cerdán y José Luis Ábalos— enfrentan procesos judiciales por corrupción, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado recientemente por tráfico de influencias.