La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires puso bajo la lupa un problema que consideran recurrente en los municipios: el cobro de tasas sin sustento legal. El caso más emblemático es el de Azul, donde el municipio cobró un 6% sobre las facturas de agua durante años sin que la ley lo permitiera.

Todo comenzó en 2017, cuando se derogó la parte de una ordenanza que autorizaba ese gravamen sobre servicios sanitarios. Sin embargo, el municipio continuó cobrándolo ininterrumpidamente durante 2018, 2019 y 2020, período en el que la tasa no figuraba en ninguna normativa municipal vigente.

Los números son contundentes: de $8,6 millones presupuestados en 2019, el monto saltó a $320,5 millones para 2025. Este año se proyecta agregar otros $250 millones. Son fondos que los vecinos pagaron en sus boletas sin que existiera una ley que lo respaldara.

En 2020 y 2021, el municipio intentó "arreglar" la situación mediante convenios con las cooperativas de agua y reescribiendo la norma derogada, pero estos mecanismos no tienen valor legal, según aseguran desde el bloque libertario.

El Concejo de Azul aprobó una investigación impulsada por LLA con apoyo de toda la oposición. El secretario de Hacienda municipal, Agustín Carús, deberá explicar cómo se justificaba el cobro, qué documentos lo respaldaban y adónde fueron esos millones. El Tribunal de Cuentas bonaerense también abrirá una auditoría.

La tensión refleja un problema más amplio: desde el espacio libertario ya elaboran proyectos en Senado y Diputados de la provincia para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y evitar que situaciones como la de Azul se repitan en otros distritos.