Decenas de ciudadanos argentinos participan en la guerra de Ucrania contra Rusia, pero el Estado no lleva cuenta de ellos. No hay cifras oficiales de muertos, desaparecidos ni heridos, ni protocolos de Cancillería sobre cómo proceder con estos casos.
Según datos recopilados por el sitio Tektónikos, al menos cinco argentinos han caído en combate: Jose Adrián "Rogy" Gallardo (53 años), Ariel "Merlo" Achor (25), Mariano "Sisu" Franco (47), Emmanuel "Coca" Vilte (39) y Cristian "Machete" Airala (27). Airala, oriundo de Misiones y con experiencia militar en las Fuerzas Armadas nacionales, murió junto a dos colombianos en un ataque con drones y misiles en Jarkov.
El único retornado identificado públicamente es Julian Nieto, de 30 años, quien perdió un ojo en combate.
La maniobra de reclutamiento
Redes internacionales ofrecen empleos en seguridad privada o servicios especializados con salarios de hasta 10.000 dólares mensuales —unos 40 millones de pesos— para atraer a candidatos. En varios casos, estas ofertas derivan en enganche directo para la guerra.
Fabián "Gringo" Castro, de 46 años, es identificado como uno de los principales referentes del reclutamiento de argentinos a cambio de paga.
El silencio legal
En Argentina no existe ley que regule ni prohiba el reclutamiento de ciudadanos para conflictos externos. Contrasta con Colombia —país que más combatientes ha "exportado"— que aprobó este año la Ley 2569, que criminaliza el mercenarismo y se alinea con la Convención Internacional contra el Reclutamiento de Mercenarios de Naciones Unidas.
Reacción rusa
La Embajada de Rusia en Buenos Aires emitió recientemente un comunicado denunciando que el reclutamiento viola el derecho internacional, en particular la Convención de 1989 contra el mercenarismo. Afirma que Ucrania utiliza ONG e incluso embajadas para reclutar extranjeros, lo que según Moscú contravendría la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Rusia sostiene que muchos "voluntarios" mueren en el frente y que Kiev no tiene interés en que regresen porque podrían revelar información sobre la situación real en la guerra y violaciones de derechos humanos.
