El Gobierno argentino se comprometió hace ocho meses a prohibir la importación de productos fabricados con trabajo esclavo, pero aún no implementó los mecanismos de control aduanero necesarios para hacerlo efectivo. Ahora Estados Unidos intensifica la presión para que cumpla.

Durante la cumbre de ministros de Comercio del G20 en Milwaukee, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer logró que Argentina y México firmen una declaración conjunta contra el trabajo forzoso en cadenas globales de suministro. El funcionario norteamericano celebró el gesto, pero la realidad es que el compromiso sigue en veremos.

Según el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco suscripto entre ambos países en febrero, Argentina debería contar ya con prohibiciones formales para bloquear en frontera los bienes elaborados bajo explotación laboral. El país tiene leyes que castigan el trabajo esclavo dentro de su territorio, pero carece de herramientas aduaneras específicas para detectar y frenar productos importados fabricados así.

Esta brecha le está costando dinero: desde julio pasado, Estados Unidos aplica aranceles adicionales del 10% a importaciones argentinas tras determinar que el país no tiene prohibiciones efectivas contra bienes forzados. La medida afecta a unos 60 países, pero Argentina logró negociar la tasa más baja junto a México, justamente porque prometió avanzar en el tema.

La visita oficial del vicepresidente estadounidense JD Vance a Buenos Aires en noviembre —que ya fue confirmada— probablemente traerá el tema nuevamente a la mesa. Washington dejó clara la intención: cumplir con las obligaciones comerciales asumidas es condición para mantener las relaciones bilaterales en el nivel de cordialidad actual.