El Gobierno busca eliminar los límites que hoy frenan a inversores extranjeros para comprar campos en Argentina. Si la reforma avanza en el Senado, el país quedaría con regulaciones más flexibles que sus vecinos Brasil, Uruguay y Paraguay.

La Ley 26.737 actual restringe a los extranjeros a poseer solo el 15% de tierras rurales por provincia y municipio, además de fijar un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohibir compras sobre cuerpos de agua, glaciares y fronteras. En la práctica, apenas el 6% de las tierras del país está en manos extranjeras.

El proyecto que debatirá el Senado eliminaría esos techos para inversores privados, aunque endurecería los controles sobre compras por parte de gobiernos extranjeros o empresas estatales.

Cómo regulan los vecinos

Brasil mantiene una de las políticas más restrictivas de la región: limita la propiedad extranjera al 25% del territorio municipal y prohíbe que una sola nacionalidad concentre más del 10%. El Instituto Nacional de Colonización monitorea cada operación.

Uruguay, en tanto, permite compras pero exige identificar accionistas, registrar titularidad y transparentar la composición de las empresas propietarias. Su Parlamento analiza incluso reforzar esos controles en zonas fronterizas.

Paraguay vive una realidad distinta: entre el 14% y el 19% de su territorio pertenece a extranjeros, con picos del 60% en departamentos fronterizos, principalmente por capital brasileño. Pero ese nivel responde a un proceso histórico, no a una apertura deliberada como la que plantea Milei.

El Ejecutivo sostiene que la regulación actual desalienta inversiones en forestación, riego y cultivos permanentes en el Nordeste, Cuyo y Patagonia.