La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, salió al cruce de los cuestionamientos al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía en Malvinas. En una exposición ante comisiones del Congreso, aclaró que la iniciativa no genera ninguna amnistía para las empresas sancionadas por operar en el archipiélago.

Al contrario, las sanciones se mantienen e incluso se endurecen con la nueva legislación que busca ampliar las competencias del Estado nacional para defender los recursos de la zona.

Ibarzabal Murphy rechazó también la propuesta de sectores opositores y bloques dialoguistas de dividir el proyecto en partes. Explicó que separar los capítulos no tiene sentido y que el Estado necesita herramientas efectivas, no solo declarativas, para frenar las actividades de empresas extranjeras.

La funcionaria señaló que la legislación vigente es insuficiente y que hay que adoptar una perspectiva más integral frente a las amenazas externas. Remarcó que no solo se explotan recursos petroleros en Malvinas, sino también pesqueros, y que estos avances debilitan el reclamo de soberanía argentina.

Durante la sesión, Ibarzabal Murphy anticipó que el Ejecutivo analiza crear una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional, con coordinación entre los tres poderes.