El país enfrenta un embotellamiento en la modernización de su red aeroportuaria. Un plan de inversiones que superaría los USD 600 millones para remodelar 35 terminales en todo el territorio se encuentra congelado mientras el Estado y Aeropuertos Argentina negocian los términos de la concesión.

El nudo del conflicto es económico: cómo reparar el desequilibrio financiero que dejó la pandemia en el sector. La empresa busca extender su contrato hasta 2056 o incluso 2066 para poder acceder a créditos internacionales y comprometer inversiones de largo plazo. El gobierno, por su parte, mantiene condiciones que aún no cierran.

La situación se complicó cuando descartaron un preacuerdo firmado en 2025 tras investigaciones patrimoniales que llevaron a la salida del entonces responsable del regulador. Ahora, bajo la dirección de Noelia Ruiz en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), las conversaciones arrancan desde cero.

Los trabajos más urgentes —ampliación de espacios de arribo en Ezeiza, modernización del sector internacional de Aeroparque y terminal de Mendoza— están parados. El flujo de pasajeros en Argentina alcanzó más de 50 millones el año pasado, pero los fondos disponibles hasta 2028 (USD 50 millones anuales) están al límite.

Aeropuertos Argentina llega a la mesa con músculo financiero: ganancia neta de $168.859 millones en el primer semestre (72% más que el año anterior) y deuda reducida a $736.984 millones, según reportes ante la Comisión Nacional de Valores. Esa fortaleza refuerza su posición ante el gobierno de Javier Milei.

Cómo cierre este expediente no es un detalle menor: sentará precedente sobre cuán seguras son las reglas de juego para las grandes concesiones de infraestructura pública en Argentina.