El Sindicato Trabajadores Viales (STVyA) denunció que el Gobierno mantiene más de $1 billón de pesos que se recaudaron específicamente para mantener las rutas nacionales, dinero que en lugar de invertirse en asfalto terminó en plazos fijos y títulos públicos del Ministerio de Economía.
Según datos del propio Ejecutivo que el sindicato logró acceder, entre 2024 y mayo de 2026 entraron $1.503 millones destinados por ley a infraestructura vial. De eso, apenas se ejecutaron $394 millones en obras reales. El resto quedó paralizado.
"¿Cómo puede afirmarse que no hay plata para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?", cuestionó Graciela Aleñá, titular del gremio.
La organización también advirtió sobre una paradoja preocupante: al mismo tiempo que el Gobierno impulsa la privatización de 9.000 kilómetros de red vial nacional mediante concesiones a empresas privadas, aprueba despidos (un segundo programa de Retiro Voluntario) en Vialidad Nacional. Eso significa menos personal público para auditar y controlar a los concesionarios.
"No se puede pedir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después usar ese deterioro como argumento para privatizar", alertó Aleñá.
El sindicato rechaza de plano que la infraestructura vial se evalúe bajo criterios de rentabilidad privada, y denunció una estrategia que calificó como "desfinanciamiento deliberado": primero se corta presupuesto, luego se detienen obras, después se reduce personal, y finalmente se usa el deterioro resultante para justificar la retirada del Estado.
