El Senado aprobó con amplio consenso una ley que define cómo funciona el mercado de créditos de carbono en Argentina. La votación fue de 60 votos a favor y apenas 2 en contra, con apoyo de bloques que van desde Libertad Avanza hasta el Justicialismo.

Un crédito de carbono representa una tonelada de emisiones reducida o capturada. Pueden generarse a través de reforestación, protección de bosques nativos o energías limpias. Empresas y países que necesitan compensar sus emisiones los compran en mercados internacionales, creando una fuente de ingresos potencial para proyectos locales.

La regulación busca transformar a la Argentina en acreedor ambiental: quienes contaminen deberán pagar compensaciones que financien proyectos de reducción de emisiones en el país. Esto abrirá oportunidades de inversión para provincias y empresas argentinas.

Hasta ahora, la ausencia de marco legal hacía imposible comercializar bonos de carbono en mercados regulados internacionales, dejando a Argentina fuera de un negocio donde otros países ya generan millones en exportaciones.

Qué contempla la ley:

Los créditos de carbono se reconocen como bienes con valor económico y jurídico propio. Se otorga estabilidad fiscal de 30 años en tributos nacionales a los proyectos registrados. La comercialización es libre en mercados nacionales e internacionales, salvo en casos donde se aplique a metas climáticas internacionales específicas, que requerirán aprobación.

Además, los créditos podrán usarse como respaldo de instrumentos financieros, ampliando opciones de financiamiento para proyectos verdes.