La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó esta semana al gobierno de Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes hacia países con los que no tienen nacionalidad, suspendiendo una orden anterior que exigía mayor protección legal para los deportados.
El tribunal permitió que la política de marzo de 2025 siga adelante: los funcionarios de inmigración pueden enviar personas a terceros países sin notificarles previamente el destino, siempre que esas naciones prometan no perseguir ni torturar a los migrantes.
Esta decisión revierte fallos de juzgados inferiores que habían establecido que toda persona deportada tenía derecho a ser notificada y a impugnar el procedimiento antes de ser enviada fuera de su país de origen. La administración Trump argumentó que esas restricciones impedían expulsar eficazmente a extranjeros, incluidos los que tienen antecedentes penales.
Según grupos de derechos humanos citados por medios internacionales, más de 25.000 migrantes han sido deportados bajo esta política hacia 29 países, la mayoría hacia México. También se registran deportaciones a naciones como Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial y Liberia, varios de ellos catalogados como destinos de alto riesgo por inestabilidad política y delincuencia.
James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, celebró el fallo como una "victoria ante la Corte Suprema" e instó a migrantes indocumentados a deportarse voluntariamente, ofreciéndoles 3.000 dólares y un pasaje de regreso.
