El presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo energético con Venezuela que le permitiría a Washington obtener control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas de crudo. El pacto, divulgado a través de Truth Social, representa un cambio drástico en las relaciones bilaterales y podría reconfigurar la política energética regional.
Según Trump, la operación no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y fue negociada por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, junto a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez. El mandatario aseguró que el acuerdo "más que duplica" las reservas petroleras de Estados Unidos y permitirá reducir los precios de la gasolina a largo plazo.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles según la OPEP, aunque muchas permanecen subexplotadas por falta de inversión, sanciones internacionales y deterioro de infraestructura. El posible acceso estadounidense a campos de la Faja Petrolífera del Orinoco marcaría la primera vez que un país obtiene participación mayoritaria a esta escala en la industria petrolera venezolana.
En Caracas, el anuncio sorprendió a sectores oficialistas. Analistas señalan que la administración de Rodríguez podría buscar levantar sanciones internacionales y atraer inversiones para estabilizar una economía que lleva una década en contracción. Sin embargo, la oposición cuestionó la falta de transparencia y exigió que cualquier acuerdo sobre recursos estratégicos sea aprobado por la Asamblea Nacional.
El pacto también genera tensiones geopolíticas. China y Rusia, principales aliados energéticos de Venezuela en los últimos años, podrían ver reducida su influencia. Empresas chinas como CNPC y firmas rusas operan en proyectos clave del Orinoco, por lo que un avance estadounidense reconfiguuraría el mapa de poder en la región.
En Washington, legisladores de ambos partidos ya pidieron detalles sobre el alcance real del acuerdo, especialmente respecto a propiedad, control operativo y compromisos financieros. Expertos advierten que el pacto podría enfrentar desafíos legales y políticos en ambos países.
