El Ministerio Público del Trabajo de Brasil llevó ante los tribunales una acción judicial contra Meta para obligar a la empresa a eliminar contenidos que alientan a empresarios a vigilar, expulsar o no contratar trabajadores según sus preferencias electorales.

La demanda, presentada ante el Tribunal Regional del Trabajo de la Segunda Región, abarca Facebook, Instagram y Threads. La fiscalía reclama una indemnización de 50 millones de reales —alrededor de 9,2 millones de dólares— por daños morales colectivos.

Siete fiscales federales sostienen que Meta responde por lo que circula en sus plataformas y alertan que herramientas como la sección "Explorar" de Instagram y los "Reels" sugeridos amplifican la propagación de mensajes que promueven el acoso político en el trabajo. La primera audiencia está fijada para marzo de 2027.

Después de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva el domingo pasado, comenzaron a difundirse orientaciones dirigidas a empleadores para revisar las redes sociales de sus trabajadores e identificar por quién votaron, con intención de despedir a quienes eligieron candidatos opuestos.

El acoso electoral en el ámbito laboral se disparó: más de 75 por ciento de aumento desde el lunes posterior a la segunda vuelta, alcanzando 1.459 denuncias en todo Brasil. San Pablo concentra 620 casos, seguida por Minas Gerais con 351 y Paraná con 338.

Durante la campaña, Lula había cuestionado el rol de las grandes plataformas digitales en el debate político. Tras su victoria, reafirmó la necesidad de establecer reglas para las redes sociales y controlar contenidos que amenacen la democracia electoral.