El oficialismo avanzará esta semana en el Senado con cambios sustanciales al proyecto del Súper RIGI, una iniciativa clave para atraer inversiones de empresas tecnológicas a la Argentina. Los cambios fueron negociados con bloques aliados y apuntan a resolver tensiones sobre cómo estas inversiones afectarán al país.

El punto más controvertido: las empresas que monten megacentros de datos —especialmente para inteligencia artificial— deberán contar con sistemas propios de generación eléctrica. Esto busca evitar que la demanda adicional de energía recaiga sobre las redes provinciales y afecte el suministro de la población.

El Gobierno cuestionó esta exigencia, preocupado por alejar inversiones de Silicon Valley. Sin embargo, La Libertad Avanza aceptó la modificación tras presión de la UCR, el PRO y bloques provinciales que reclaman proteger intereses locales.

Hay otro cambio importante: reforzar la compra de proveedores locales. El proyecto original pedía que el 20% de la inversión fuera en proveedores nacionales, pero sólo si cumplían estándares de precio y calidad. Los bloques aliados exigen que ese porcentaje se reserve exclusivamente para bienes producidos en Argentina.

Las modificaciones se debatirán en comisión este miércoles y luego volverán a Diputados antes de la votación senatorial prevista para el 10 de septiembre. El régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios generosos para atraer proyectos de tecnología e industrias de minerales críticos, pero el Gobierno debe equilibrar eso con las demandas de proteger la industria nacional.