El Senado debatirá este jueves un proyecto que elimina las restricciones históricas para que extranjeros adquieran tierras rurales en Argentina. La iniciativa, que lleva el sello del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, representa un giro importante en la política de propiedad territorial.

Aunque abre las puertas a inversores foráneos, el proyecto mantiene un doble control en zonas de frontera: las compras deberán contar con autorización tanto de la provincia como del Poder Ejecutivo Nacional. Sin este aval explícito, el trámite se considerará aprobado tras 180 días de silencio administrativo.

Las empresas que pertenezcan a Estados extranjeros quedan excluidas de esta posibilidad, independientemente de su estructura legal. Cada provincia conservará jurisdicción completa sobre el territorio que le corresponde.

El debate se postergó dos veces: primero el 3 de junio por desacuerdos políticos, luego el 25 de junio sin quórum. La bancada de Libertad Avanza, presidida por Patricia Bullrich, impulsa la sanción junto con la votación de aproximadamente treinta pliegos judiciales.

El proyecto también incluye cambios en materia de desalojos, expropiaciones y control del fuego. Sin embargo, sufrió modificaciones sustanciales: se derogó el capítulo sobre barrios populares tras advertencias de la Iglesia sobre riesgo de desalojos masivos.

Para inmuebles usurpados o con tenencia precaria, se implementará un desalojo más ágil: el juez podrá ordenar la entrega del inmueble en 72 horas si el propietario acredita documentalmente su derecho y ofrece caución juratoria.