La Justicia de Santa Fe cerró definitivamente en diciembre de 2025 el expediente judicial que investigó la inundación de 2003, una de las peores tragedias de la capital santafesina. El proceso se extendió más de dos décadas.

El desborde del río Salado en abril de 2003, agravado por lluvias intensas, anegó los sectores oeste y sur de la ciudad. Dejó 23 muertos y afectó a más de 130.000 personas. La catástrofe visibilizó graves deficiencias en la gestión estatal.

En 2008, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena a 21 años de prisión para Eduardo Beracchia, exdirector de Obras Hidráulicas, y otros funcionarios por negligencia: no ejecutaron obras de contención que tenían fondos disponibles y no mantuvieron el sistema de desagües. La Corte Suprema de Santa Fe ratificó estas condenas en 2025.

El cierre llegó cuando el juez dictó el sobreseimiento de los últimos imputados, entre ellos el exintendente Marcelo Álvarez.

Para muchas víctimas, el resultado judicial no compensa el daño. "Perdimos todo, y aunque haya condenados, el dolor sigue", expresó una vecina del barrio San Lorenzo, uno de los más devastados.

A 23 años de la tragedia, Santa Fe sigue recordándola como un punto de inflexión sobre la prevención, la ejecución de obras hidráulicas y la responsabilidad de los funcionarios frente a riesgos.