El gobernador Claudio Vidal enfrentará una nueva disputa por el control del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. La Caja de Previsión Social aprobó la jubilación de tres vocales que se opusieron a la ampliación de la Corte que impulsó su administración.

Las magistradas René Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña fueron autorizadas para retirarse como parte de un paquete de 27 jubilaciones. El conflicto no está en que cumplan los requisitos, sino en cómo el decreto 608/2024 acelera sus salidas del cargo.

Según la norma que firmó Vidal, la entidad empleadora tiene 30 días para notificar el cese una vez que se concede la jubilación. Solo se permite una prórroga de hasta 180 días si hay razones excepcionales de servicio. Pasados esos plazos, el cese ocurre automáticamente.

Si las tres se van, el tribunal pasará de nueve a seis integrantes. Eso obligaría a Vidal a proponer nuevas juezas que deberán ser tratadas por la Legislatura. Fernández, Mercau y Ludueña eran parte de la composición anterior y habían cuestionado públicamente la reforma que amplió de cinco a nueve los vocales del máximo tribunal provincial.

La defensa de las magistradas ya presentó una intimación administrativa y advirtió que podría ir a la Justicia. Sostiene que se trata de una jubilación compulsiva y que el decreto reglamentario viola la garantía de inamovilidad judicial. Aún no hay sentencia que confirme estas objeciones.

El timing del conflicto no pasa desapercibido: horas antes de que se conociera la aprobación de las jubilaciones, una comisión legislativa había rechazado un pedido de juicio político contra las mismas tres juezas y otro magistrado. El decreto 608 abre ahora una vía distinta para modificar nuevamente la composición del tribunal.

Sectores opositores acusan a Vidal de buscar formar una mayoría propia en la Corte. La administración rechaza la acusación y sostiene que la reforma busca terminar con una estructura judicial que consideran problemática.