En San Luis, el salario promedio de los empleados públicos ronda los $950.000, una cifra que queda muy por debajo de lo que cuesta una canasta familiar básica. Según el cálculo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), un hogar necesita $1.531.473 mensuales solo para cubrir gastos esenciales.

La brecha es profunda: cerca del 80 por ciento de los trabajadores estatales gana menos de lo que marca esa referencia. En los municipios la situación es aún más crítica, con sueldos iniciales que apenas alcanzan lo necesario para comer.

El sindicato revela números preocupantes sobre la realidad de estos trabajadores. Seis de cada diez recurren al endeudamiento para pagar gastos básicos, y tres de cada diez tienen atrasos en sus pagos. Esto refleja una crisis de poder adquisitivo que se profundiza mes a mes.

El gobierno provincial, bajo la conducción de Claudio Poggi, aprobó un aumento del 20 por ciento dividido en cuatro tramos de 5 por ciento cada uno (julio, agosto, octubre y noviembre). Aunque la administración estima que acumulará un 30 por ciento para fin de año, los números muestran que es insuficiente.

Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la inflación acumulada fue del 228,5 por ciento, mientras los salarios estatales solo subieron 138,77 por ciento. La diferencia de casi 90 puntos explica por qué muchas familias de trabajadores públicos están cada vez más apretadas.

Los gremios siguen pidiendo una negociación real sobre el salario básico, recategorización y soluciones para el endeudamiento de los trabajadores. El gobierno mantiene su cronograma de aumentos, pero las organizaciones sindicales alertan que no es suficiente para recuperar lo perdido.