El gobierno británico intensificó el enfrentamiento con Argentina por los proyectos petroleros en aguas de Malvinas. Esta semana, Reino Unido citó a la embajadora Mariana Plaza en Londres para discutir el reclamo que Argentina presentó ante la ONU para frenar esas exploraciones.

Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para Territorios de Ultramar del Reino Unido, aseguró en redes sociales que Argentina intenta "socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes" del archipiélago. Además, cuestionó la confiabilidad de Argentina como socio internacional por este accionar.

Desde Londres sostienen que la actividad petrolera se desarrolla bajo la legislación de las Malvinas y en conformidad con el derecho internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El presidente Javier Milei dio el primer paso de un arbitraje internacional contra Reino Unido el lunes pasado. Estableció un plazo de dos semanas para que Londres responda, con la advertencia de que si no hay cumplimiento, Argentina pedirá a un tribunal internacional medidas provisionales para proteger sus derechos soberanos.

Milei presentó esta iniciativa como defensa contra lo que llamó "el saqueo ilegal" de recursos argentinos en el archipiélago, que el Reino Unido administra desde 1833, mientras Argentina mantiene su reclamo de soberanía.

La Cancillería argentina no se quedó quieta. Envió cerca de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países. También inició alrededor de 60 procedimientos administrativos y presentó en la justicia argentina al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras de capitales británicos, israelíes y canadienses, junto a sus directivos.