A cuatro meses de la sanción de la Ley de Modernización Laboral, el balance muestra cifras que contradicen los objetivos anunciados. Según datos del Instituto Argentina Grande, se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas en el país.

La norma, que entró en vigor en marzo de 2026 con la promesa de dinamizar contrataciones y crear empresas, registra un panorama desolador. El deterioro viene de atrás: acumula 13 meses seguidos de caída en empleo privado formal, sumando 241.200 puestos perdidos desde noviembre de 2023.

Las consecuencias son visibles en todos los sectores. La desocupación llegó al 7,9%, la subocupación al 11,5% y la informalidad alcanzó el 45% de los ocupados, el valor más alto que registra la historia. Más de 6 millones de personas trabajan sin registración en Argentina.

En cuanto a salarios, los trabajadores del sector privado acumulan una caída real del 3,7% en poder adquisitivo desde que comenzó el año. Algunos cálculos elevan esa pérdida hasta el 8% si se toma en cuenta el IPC que nunca se implementó.

A nivel empresarial, el impacto es histórico. Desde el cambio de gestión cerraron 31.342 empresas en todo el país. La crisis golpea más fuerte a las pequeñas y medianas firmas: las de 1 a 10 empleados tuvieron un recorte del 6,8%.

Los sectores más afectados son Comercio (8.758 cierres), Transporte y almacenamiento (6.915) e Industria (4.158). Geográficamente, 23 de las 24 provincias registran caída. Neuquén fue la única excepción con un saldo positivo: 72 empresas nuevas.

El informe del Instituto Argentina Grande advierte que el aumento de los meses de prueba y el banco de horas no fueron suficientes incentivos para que el sector privado contrate bajo el nuevo esquema legal.