Un diputado nacional presentó una iniciativa para reformar el Código Penal e incorporar tipificaciones específicas contra el mercenarismo y las estructuras armadas privadas sin autorización.

La propuesta busca darle herramientas al Estado para frenar lo que el legislador describe como un creciente negocio de reclutamiento de jóvenes para conflictos bélicos en el exterior. Según los fundamentos del proyecto, muchas de estas personas son extorsionadas y mueren en frentes de batalla sin poder regresar.

La reforma define como mercenario a quien recibe dinero por prestar servicios militares fuera de lo permitido por la ley internacional o nacional. Penaliza tanto a quienes los reclutan como a quienes financian, organizan o integran estas estructuras.

Las penas serían más severas si estas organizaciones afectan la defensa del país, utilizan menores de edad o facilitan crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo.

El proyecto excluye explícitamente a las Fuerzas Armadas, policías en funciones oficiales, empresas de seguridad privada que operan dentro de la ley, y personal humanitario o sanitario.

Según argumentó el diputado proponente, la legislación argentina actual no cuenta con herramientas específicas para enfrentar este tipo de amenazas. El proyecto toma en cuenta los conflictos contemporáneos que operan con logística transnacional, financiamiento privado e inteligencia dispersa.

Organismos internacionales como la Cruz Roja, grupos de trabajo de la ONU y el Consejo de Europa vienen alertando sobre la expansión de estructuras de soldados privados y sus riesgos para el Derecho Internacional Humanitario.