Las pequeñas y medianas empresas argentinas enfrentan un escenario crítico tras la entrada en vigencia del nuevo sistema de contratación de energía. Desde noviembre pasado, miles de PyMEs quedaron obligadas a negociar directamente en el mercado eléctrico mayorista, generando consecuencias que van desde facturas que se multiplicaron por cuatro hasta deudas que no pueden afrontar.

Industriales PyMEs Argentinos (IPA) denunció que de casi 6.000 empresas afectadas, solo 800 lograron concretar contratos de abastecimiento. El resultado: tanto los que contrataron como los que no tienen que enfrentar aumentos desmesurados. Hay PyMEs pagando cargos adicionales que llevan el costo final de la energía hasta el doble de lo pactado originalmente.

El principal reclamo es la falta de transición gradual. Las empresas operaban bajo un esquema estable durante casi treinta años. El cambio fue abrupto, y muchas comenzaron sin información suficiente para entender ni negociar las nuevas reglas del juego. Ahora enfrentan controversias contractuales con proveedores y crecen los riesgos de insolvencia en un contexto donde el consumo ya está en caída.

"Nos obliga a ser especialistas en energía cuando deberíamos estar produciendo y vendiendo", denunció IPA. Reclaman intervención estatal y consideran que existe un desequilibrio contractual que afecta derechos básicos de acceso a un servicio esencial. La electricidad se ha convertido en un costo impredecible que profundiza la crisis de las pequeñas empresas.