Las pequeñas y medianas empresas en la Argentina enfrentan un complejo entramado de impuestos y trámites administrativos que alcanza las 62 obligaciones anuales, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

Del total, 34 corresponden a tributos directos e indirectos distribuidos entre los tres niveles de gobierno. En el nivel nacional pesan 16 impuestos, incluyendo el IVA, Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Cheque y contribuciones patronales. Las provincias suma ocho impuestos más, con el IIBB como el principal. Los municipios aportan 10 tributos adicionales, como la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH).

Los 28 regímenes restantes corresponden a retenciones, percepciones e información que las empresas deben cumplir periódicamente.

Costo administrativo y fondos atrapados

El estudio advierte que estas obligaciones imponen dos obstáculos principales a la competitividad. Primero, el costo administrativo que insume el cumplimiento de presentaciones periódicas, con riesgo constante de multas por errores formales. Segundo, la acumulación de saldos a favor por retenciones que quedan inmovilizados durante largos trámites de devolución, lo que funciona en la práctica como un aumento oculto de los impuestos.

En comparación con el año anterior, la cantidad de tributos bajó de 37 a 34, principalmente por la eliminación de impuestos internos que gravaban los seguros y la telefonía celular. Los regímenes de retención y percepción descendieron de 30 a 28.