Después de días de paro que dejaron varadas las operaciones fluviales del país, el Gobierno llegó a un entendimiento con los prácticos portuarios. El acuerdo incluye una reducción del 20% en las tarifas del servicio y, sobre todo, la suspensión temporal del Decreto 690/2026, la norma que desencadenó el conflicto.

La medida impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, buscaba eliminar requisitos que consideraba obsoletos: permitía que capitanes extranjeros navegaran sin asistencia de prácticos locales, ampliaba los límites de barcos exentos del servicio y levantaba cupos para nuevos profesionales. El decreto también habilitaba a Prefectura a prestar servicios que históricamente eran privados.

El paro dejó visible el costo real del conflicto: más de 4,5 millones de dólares diarios en pérdidas para el sector agroexportador. Esa presión fue determinante para que ambas partes volvieran a la mesa.

Con los puertos operativos de nuevo, el Gobierno instaló una mesa técnica conjunta donde participarán los ministerios de Seguridad y Defensa, representantes de los prácticos y el sector agroindustrial. El objetivo es revisar los detalles de la desregulación y buscar un consenso definitivo, algo que el campo había reclamado como condición para cualquier arreglo.

Los prácticos retomarán sus tareas de inmediato mientras continúan las negociaciones. Desde el sector se limitaron a definir la situación como un alivio, sin mayores celebraciones.